El Instituto de Prevención y Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) es un organismo deforme desde su nacimiento hace 10 años y quienes creen ingenuamente que va a evolucionar se equivocan porque su génesis y su historia son una compleja maraña social, económica y cultural. Es posible que la interventora Claria Tapia conteste el pedido de informes de la UNT por el operativo en Psicología del 21 de septiembre; y es posible que en el Ministerio de Seguridad Ciudadana reciban el pedido de los estudiantes de normalizar el organismo (calificado como parapolicial); pero la génesis del problema se va a mantener, porque está en la concepción represora que guía sus acciones.
¿Alguien puede pensar que va a hacer prevención un instituto contra el alcoholismo cuya primera tarea es la "recaudación directa de los importes de permiso de expendio e inspección y por multas"? (art 6 de la ley 7.243). No sólo eso: el pago a los empleados (unos 38) y el de los adicionales a los policías que acompañan los operativos (para ir a Psicología usaron 30 agentes armados) sale de esa recaudación (art 7); de modo que el motivo económico manda: si no hay recaudación, no hay para sueldos ni mantenimiento.
En cuanto a la prevención en sí, ¿cómo hacerla sin datos concretos? En 10 años no se estudió para nada el tema. La misma Clara Tapia dijo en abril que "primero hay que hacer estadísticas de consumo y luego diseñar las acciones". Por eso es que en aquellos días, cuando había sido el escándalo por el operativo del pasaje Díaz Vélez al 500, el gobernador, José Alperovich, dijo: "la situación mejoró, hay menos casos de coma por alcoholismo, menos droga y menos accidentes". ¿Sobre qué base dijo eso, si la Quinta encuesta nacional a estudiantes que hizo la represiva Sedronar en 2011 señala una "tendencia clara y ascendente en el consumo de alcohol"?
Pero aún si la intención fuera la reducción del consumo, ¿cuáles son las estrategias? El IPLA nada dice sobre negocios habilitados o inhabilitados, ni sobre qué hacer con las millonarias empresas productoras de bebidas alcohólicas, ni de cómo poner coto a la publicidad que reina asociando el consumo con la juventud, la buena vida, la satisfacción y el éxito social.
El engendro tiene además un sustento cultural en la anticuada y antidemocrática Ley Orgánica de la Policía, la 3.283 de 1970, cuyo art 9 ordena: "vigilar, observar, intervenir en la realización de reuniones públicas para mantener el orden"; "ejercer la policía de seguridad de los menores y en especial impedir su vagancia" (inc K); "velar por las buenas costumbres y el mantenimiento de la moralidad pública" (inc. L). Esta concepción refleja una visión antigua y temerosa sobre la familia, las costumbres y la juventud: por eso es que cada tanto los funcionarios como Tapia instan a los padres a saber qué hacen sus hijos; pero nunca se convoca a los chicos para saber qué hacen y por qué, o para entender la nocturnidad; como no se convocó a la sociedad civil, las universidades y hasta las entidades del mismo Estado, como Desarrollo Social, para debatir esas nuevas costumbres que tanto asustan.
Por eso el ente, desde el escándalo de los latigazos a un bolichero en 2008 hasta los dramas y papelones de este año (como el operativo del 20 de abril en una fiesta infantil de Open Kids) no cambia. Al contrario; el legislador oficialista Marcelo Caponio presentó un proyecto para ampliar las facultades del IPLA.
Es que subyace una concepción autoritaria de la vida social. La interventora justifica que se viole la Constitución infiltrando espías ("fiscalizadores", los llama) en las fiestas para luego iniciar los operativos. Y nadie se queja. Los fiscales no aparecen. Los legisladores, que no hacen nada sin la venia de Alperovich, dilatan sin debatir proyectos absurdos sobre la Ley de Contravenciones o sobre la ampliación de la Ley de las 4 am, en lugar de plantear su derogación.
Puede ser que el IPLA haya sido severamente cuestionado; pero la sociedad está acostumbrada a sus acciones y por eso el engendro sigue vivito y coleando.